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La Diputación aprobará una declaración institucional por una financiación justa para la Comunitat

La Diputación aprobará una declaración institucional por una financiación justa para la Comunitat
23 de Septiembre de 2019

El objetivo es lograr un nuevo modelo que posibilite a la Comunitat Valenciana tener unos servicios públicos fundamentales dignos

El pleno ordinario del mes de septiembre de la Diputación de Castellón aprobará mañana martes una declaración institucional para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana tras consensuar los grupos políticos un texto conjunto firmado por los portavoces del PSPV, Santiago Pérez; Compromís, Ignasi Garcia; PP, Vicent Sales, y Ciudadanos, Cristina Fernández.

La propuesta de acuerdo recoge cuatro puntos. Por un lado, reclamar la reforma inmediata del sistema de financiación, convocando para ello de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes que se repartan de forma equitativa entre todas las autonomías, que posibilite a la Comunitat Valenciana tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias. En definitiva, “un nuevo sistema de financiación equitativo, transparente y eficaz en el que se eliminen las desigualdades”.

Como segundo punto, el reconocimiento de los déficits de financiación acumulado directamente por mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y establecer mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.

A ello se une la necesidad de articular de manera inmediata los mecanismos necesarios para transferir a las Comunidades Autónomas los recursos retenidos por el Ministerio de Hacienda. Por último, la declaración institucional contempla dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Govern de la Generalitat Valenciana, a las Cortes Generales, a les Corts Valencianes y a todos los ayuntamientos de la provincia.

El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón ha destacado la actitud positiva de todos los grupos para lograr el consenso, algo que se ha conseguido también con una segunda declaración institucional a favor de las infraestructuras pendientes y en contra de los peajes, que también se incorpora el orden del día de la sesión plenaria de mañana martes.

Santi Pérez, portavoz del grupo socialista, valora positivamente el consenso entre las cuatro fuerzas de la Diputación, “gracias especialmente al talante y diálogo del presidente, dispuesto a ceder para poder llegar a acuerdos con los partidos políticos”. Además, Santi Pérez destaca que “es necesaria esta declaración institucional porque la Comunitat Valenciana ha sufrido durante muchos años el sistema de financiación anterior, que ha conllevado una infrafinanciación injusta”. Por eso, “pedimos un sistema más eficaz, equitativo y transparente para que el modelo de autonomías en el que creemos pueda desarrollarse con mayor eficacia, todo ello en beneficio de los ciudadanos, que tendrán así mejores servicios en aquellas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas”.

Por su parte, el portavoz del grupo Compromís, Ignasi Garcia, ha celebrado que “la Diputación por fin haya dejado de mirar hacia otro lado y haya reconocido como propio el problema de la infrafinanciación que, lejos de solucionarse, parece haberse agravado”.

En esta línea, ha recordado que “los Presupuestos Generales del Estado han recortado las inversiones a la provincia de Castelló a la mitad durante los últimos 15 años". Concretamente, en 2004, estos contemplaban líneas por valor superior a los 282 millones de euros; en 2009, esta cifra era de 230 millones (un 20% menos); y en 2018, había descendido a los 141 millones de euros (el 50% menos)".

Garcia ha añadido que "esta situación se hace extensiva en toda la Comunidad Valenciana y por eso hemos pedido una convocatoria urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para articular inmediatamente los mecanismos necesarios que transfieran los recursos retenidos por el ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas".